Foto de Federico Rios/Instagram
Según datos de OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, y Médicos Sin Fronteras (MSF), cada vez más personas vulnerables -con enfermedades crónicas o embarazadas- han atravesado este año la selva del Darién, que separa Colombia de Panamá y por donde han pasado ya más de 166.000 personas en su ruta hacia Estados Unidos desde enero.
“Hemos visto un aumento en los diagnósticos de condiciones crónicas que necesitan especial tratamiento”, explicó Priscila Acevedo, médica que da atención en los proyectos de MSF a la salida de la selva, en un comunicado.
Acavedo señala un aumento en “personas con enfermedades cardíacas, personas que necesitan insulina, personas con problemas de presión arterial y casos agudos de personas que se desmayan por aumento de temperaturas, la falta de alimentos o deshidratación severa.”
Entre enero y abril MSF ha atendido a 669 personas con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión arterial y asma, mientras que en el mismo periodo de 2022 atendió a 262.
Según MSF, hay también un alto número de mujeres embarazadas que realizan la ruta, que puede durar más de una semana y donde los migrantes quedan expuestos a las inclemencias climáticas, crecidas de ríos, montañas fangosas, animales salvajes y donde también se reporta un alto número de atracos, asaltos sexuales e incluso asesinatos.
Hasta mayo, MSF ha atendido casi 500 consultas prenatales en las dos ETRM que hay a la salida del Darién, estaciones que reciben hasta 2.000 personas al día.
Desde enero, al menos 166.649 personas han cruzado el Tapón del Darién, siendo los venezolanos la nacionalidad más frecuente en esta ruta, con 82.054 personas, seguida de los haitianos, con 31.493.
La ruta del Darién está controlada por grupos criminales y de traficantes de personas, que se suman a los riesgos de ahogamientos, fracturas o enfermedades a las que se someten los migrantes.
“Pese a ello, sigue sin existir una ruta segura y digna para los y las migrantes”, denunció MSF, que reiteró que “migrar no es un delito” y pidió además mejorar la cobertura de necesidades básicas en las comunidades de acogida, así como espacios dignos con agua potable, alimentación y condiciones de higiene y saneamiento en estas áreas de paso.
Por Amanda Almeida, del Equipo de Comunicación, con informaciones de elDiario.es
